El informe se presenta en un momento de creciente debate europeo sobre la aplicación de la Directiva, tras la petición del Parlamento Europeo de una nueva evaluación, y las recientes conclusiones de la Abogada General del TJUE, que cuestionan aspectos de la atribución de responsabilidades a los sectores farmacéutico y cosmético.

Las asociaciones comparten los objetivos ambientales de la Directiva, pero reclaman una transposición prudente y jurídicamente sólida, basada en criterios de proporcionali-dad y en evidencia científica sólida.